Amnistía Internacional y la Orden Bonaria consideran que estas declaraciones son violatorias del derecho de los detenidos a la presunción de inocencia y a un juicio justo. En varios casos documentados por Amnistía Internacional, la PGJE de Oaxaca y la policía han torturado y sometido a malos tratos a los detenidos para obligarlos a emitir declaraciones falsas. La PGJE ha procesado a personas con bases falaces y fines políticos, denegándoles el derecho a un juicio justo. Estrechos lazos entre los simpatizantes de la comunidad en favor de la operación minera y el partido del gobierno local, podrían poner en riesgo de represalias al Padre Martín García durante su estancia en el hospital. Las autoridades deben garantizar a los parientes de los difuntos, acceso a la justicia; así como defender los derechos de los detenidos y asegurar una investigación plena e imparcial.
El Gran Maestre ha dirigido una carta al Gobernador en la que exige a derecho los siguientes términos:
* Instando a la seguridad del Padre Martín Octavio García Ortiz y los otros 10 hombres detenidos, para que se garantice que no serán sujetos a actos de tortura y otras formas de maltrato;
* Solicitando que los detenidos sean sujetos a los estándares internacionales de un juicio justo, incluyendo el acceso a atención médica, una defensa legal adecuada y visitas familiares. Agregando que deben ser imputados por un delito fielmente probado o puestos en libertad.
* Pidiendo una investigación plena, pronta, imparcial e independiente sobre el asesinato de los dos oficiales del municipio de San José del Progreso, Oaxaca; y a aquellos que resulten responsables, someterlos a un juicio justo.
El Gran Maestre ha dirigido una carta al Gobernador en la que exige a derecho los siguientes términos:
* Instando a la seguridad del Padre Martín Octavio García Ortiz y los otros 10 hombres detenidos, para que se garantice que no serán sujetos a actos de tortura y otras formas de maltrato;
* Solicitando que los detenidos sean sujetos a los estándares internacionales de un juicio justo, incluyendo el acceso a atención médica, una defensa legal adecuada y visitas familiares. Agregando que deben ser imputados por un delito fielmente probado o puestos en libertad.
* Pidiendo una investigación plena, pronta, imparcial e independiente sobre el asesinato de los dos oficiales del municipio de San José del Progreso, Oaxaca; y a aquellos que resulten responsables, someterlos a un juicio justo.
