Arranca el proceso contra varios alcaldes de ciudades kurdas, militantes del partido nacionalista BDP y activistas w Iñigo Iturrate, quien asiste como observador, asegura que se trata de un "juicio político"
Unión Europea, organismos de derechos humanos y grupos de solidaridad con el pueblo kurdo miraban ayer a la ciudad de Diyarbakir, considerada la capital del Kurdistán turco, donde dio comienzo un macrojuicio contra 151 políticos, activistas y miembros de ONG. Se les acusa de pertenencia a un grupo armado ilegal -el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)-, difusión de su propaganda, delito contra la integridad territorial de Turquía y violación de las leyes sobre manifestaciones públicas, según explica el pliego de los cargos, de 7.500 folios.
"Ha habido procesos similares, pero un proceso de estas magnitudes no se había visto", señala Iñigo Iturrate, que ha viajado a Diyarbakir para "para testimoniar la solidaridad de EAJ-PNV con los procesados y para defender el cese de la represión y la libertad". El parlamentario vasco forma parte de una delegación de observadores internacionales llegados de toda Europa que están presenciando el juicio, entre los que se encuentra también el vicecoordinador de Aralar, Jon Abril e Iñaki Aldekoa. Representantes de la UE estarían supervisando las actas. Esta vista es la primera de un largo proceso, ya que desde abril del año pasado han sido detenidas más de 1.500 personas, y podría prolongarse "hasta mediados de noviembre", según Iturrate. Estaba previsto que el juicio comenzara a las 9.00 horas, pero el gran número de procesados, los más de 250 abogados, los periodistas acreditados, así como los observadores han necesitado más de dos horas y media para entrar en la sala, por lo que ha sufrido un retraso -en el exterior había, además, cientos de activistas en apoyo al pueblo kurdo-. Este macrojuicio es tan excepcional en Diyarbakir que, incluso, se ha tenido que construir la sala donde se está celebrando, ya que las existentes no podían acoger a las alrededor de 500 personas que asisten a él.
Alcaldes, activistas "Es claramente un juicio político", señala contundente Iturrate, en conversación telefónica desde Diyarbakir. Entre las 151 personas procesadas están los alcaldes de las principales ciudades del Kurdistán turco -entre ellos el de la propia Diyarbakir, Osman Baydemir, quien ha hecho llamamientos públicos pidiendo la autonomía kurda-, militantes del partido nacionalista Paz y Democracia (BDP), representantes de los derechos humanos y de Organizaciones No Gubernamentales. Todos ellos fueron detenidos hace casi 18 meses en una operación contra la Confederación Popular del Kurdistán, que según la acusación fue creada por los procesados y sería el entramado político-social del PKK. Al menos 103 de los acusados han permanecido en prisión preventiva desde entonces. La ley turca establece penas muy severas por apoyar, aunque sea verbalmente, al PKK. De hecho, algunos de los acusados se enfrentan a la cadena perpetua. En total, el fiscal solicita penas que superan los 3.000 años de cárcel.
Juicio cuestionado "En la sesión de hoy (por ayer) se han hecho los alegatos iniciales en torno al propio proceso. Los acusados han solicitado defenderse en su legua", explica Iturrate. Los jueces no han puesto objeciones al respecto, pese a que el kurdo no es un idioma oficial en Turquía, no lo conocen ni existen los medios para realizar una traducción. "Este juicio es el último episodio que emana de uno de los principios fundamentales del nacimiento de Turquía, en 1923, centralista, uniformizadora y negadora de diferencias religiosas, lingüísticas y étnicas existentes. Una sola lengua, religión e identidad étnica fueron impuestas y el ejército se constituyó para violentar la realidad del País. En este sentido, las políticas de asimilación, y no de integración, han sido ejecutadas represivamente", señala EAJ-PNV en un comunicado. De hecho, la principal acusación de los kurdos al Estado turco es que están tratando de destruir su identidad.
Tanto Aralar como el PNV denuncian que no existen las garantías jurídicas suficientes para el desarrollo de este juicio. El líder político kurdo Ahmed Turk señaló ayer que este juicio "es un intento de quebrantar nuestra voluntad". Turk tenía un asiento en el Parlamento turco hasta que el Tribunal Constitucional de Turquía prohibió, el pasado diciembre, el Partido de la Sociedad Democrática (DTP), alegando nexos con el PKK. Diez días después nació el BDP, que cuenta actualmente con una veintena de diputados en el Parlamento turco. "En estos momentos siguen las presiones debido a la defensa del idioma que hacen los kurdos y hay un pulso constante a cualquier tentativa aperturista". Sin embargo, a pesar de la tensión, el BDP y el Gobierno del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se han embarcado en un complejo proceso de reuniones para lograr que la tregua que mantiene en estos momentos el PKK -declarada el pasado 13 de agosto- se convierta en permanente.
Por su parte, la Unión Europea examina con lupa este proceso. Ya el año pasado, criticó el uso de leyes antiterroristas para procesar a personas por expresar opiniones no violentas. En un mes, la Comisión Europea emitirá un informe sobre los progresos realizados por Turquía de cara a una posible incorporación al bloque.
Unión Europea, organismos de derechos humanos y grupos de solidaridad con el pueblo kurdo miraban ayer a la ciudad de Diyarbakir, considerada la capital del Kurdistán turco, donde dio comienzo un macrojuicio contra 151 políticos, activistas y miembros de ONG. Se les acusa de pertenencia a un grupo armado ilegal -el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)-, difusión de su propaganda, delito contra la integridad territorial de Turquía y violación de las leyes sobre manifestaciones públicas, según explica el pliego de los cargos, de 7.500 folios.
"Ha habido procesos similares, pero un proceso de estas magnitudes no se había visto", señala Iñigo Iturrate, que ha viajado a Diyarbakir para "para testimoniar la solidaridad de EAJ-PNV con los procesados y para defender el cese de la represión y la libertad". El parlamentario vasco forma parte de una delegación de observadores internacionales llegados de toda Europa que están presenciando el juicio, entre los que se encuentra también el vicecoordinador de Aralar, Jon Abril e Iñaki Aldekoa. Representantes de la UE estarían supervisando las actas. Esta vista es la primera de un largo proceso, ya que desde abril del año pasado han sido detenidas más de 1.500 personas, y podría prolongarse "hasta mediados de noviembre", según Iturrate. Estaba previsto que el juicio comenzara a las 9.00 horas, pero el gran número de procesados, los más de 250 abogados, los periodistas acreditados, así como los observadores han necesitado más de dos horas y media para entrar en la sala, por lo que ha sufrido un retraso -en el exterior había, además, cientos de activistas en apoyo al pueblo kurdo-. Este macrojuicio es tan excepcional en Diyarbakir que, incluso, se ha tenido que construir la sala donde se está celebrando, ya que las existentes no podían acoger a las alrededor de 500 personas que asisten a él.
Alcaldes, activistas "Es claramente un juicio político", señala contundente Iturrate, en conversación telefónica desde Diyarbakir. Entre las 151 personas procesadas están los alcaldes de las principales ciudades del Kurdistán turco -entre ellos el de la propia Diyarbakir, Osman Baydemir, quien ha hecho llamamientos públicos pidiendo la autonomía kurda-, militantes del partido nacionalista Paz y Democracia (BDP), representantes de los derechos humanos y de Organizaciones No Gubernamentales. Todos ellos fueron detenidos hace casi 18 meses en una operación contra la Confederación Popular del Kurdistán, que según la acusación fue creada por los procesados y sería el entramado político-social del PKK. Al menos 103 de los acusados han permanecido en prisión preventiva desde entonces. La ley turca establece penas muy severas por apoyar, aunque sea verbalmente, al PKK. De hecho, algunos de los acusados se enfrentan a la cadena perpetua. En total, el fiscal solicita penas que superan los 3.000 años de cárcel.
Juicio cuestionado "En la sesión de hoy (por ayer) se han hecho los alegatos iniciales en torno al propio proceso. Los acusados han solicitado defenderse en su legua", explica Iturrate. Los jueces no han puesto objeciones al respecto, pese a que el kurdo no es un idioma oficial en Turquía, no lo conocen ni existen los medios para realizar una traducción. "Este juicio es el último episodio que emana de uno de los principios fundamentales del nacimiento de Turquía, en 1923, centralista, uniformizadora y negadora de diferencias religiosas, lingüísticas y étnicas existentes. Una sola lengua, religión e identidad étnica fueron impuestas y el ejército se constituyó para violentar la realidad del País. En este sentido, las políticas de asimilación, y no de integración, han sido ejecutadas represivamente", señala EAJ-PNV en un comunicado. De hecho, la principal acusación de los kurdos al Estado turco es que están tratando de destruir su identidad.
Tanto Aralar como el PNV denuncian que no existen las garantías jurídicas suficientes para el desarrollo de este juicio. El líder político kurdo Ahmed Turk señaló ayer que este juicio "es un intento de quebrantar nuestra voluntad". Turk tenía un asiento en el Parlamento turco hasta que el Tribunal Constitucional de Turquía prohibió, el pasado diciembre, el Partido de la Sociedad Democrática (DTP), alegando nexos con el PKK. Diez días después nació el BDP, que cuenta actualmente con una veintena de diputados en el Parlamento turco. "En estos momentos siguen las presiones debido a la defensa del idioma que hacen los kurdos y hay un pulso constante a cualquier tentativa aperturista". Sin embargo, a pesar de la tensión, el BDP y el Gobierno del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se han embarcado en un complejo proceso de reuniones para lograr que la tregua que mantiene en estos momentos el PKK -declarada el pasado 13 de agosto- se convierta en permanente.
Por su parte, la Unión Europea examina con lupa este proceso. Ya el año pasado, criticó el uso de leyes antiterroristas para procesar a personas por expresar opiniones no violentas. En un mes, la Comisión Europea emitirá un informe sobre los progresos realizados por Turquía de cara a una posible incorporación al bloque.
