En Guanajuato se comete una verdadera barbarie. Mujeres que han sufrido abortos involuntarios son encarceladas y condenadas a 26 años de prisión, acusadas de "Homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación".
Algunas han sido incomunicadas y obligadas a firmar que "desean no dar entrevistas". Otras 166 están en proceso de investigación. Otras, las menos, han conseguido su libertad bajo fianza. Se trata en su mayoría de mujeres indígenas, sin acceso a la educación sexual.
El estado de Guanajuato, con esa actitud, demuestra su cerrazón y su deseo de opresión hacia las clases marginadas. La sociedad exige un cese a estos abusos. Vamos a proponer soluciones.
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Juan Manuel Oliva Ramírez
Gobernador del estado de Guanajuato,
Gustavo Rodríguez Junquera
Procurador de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato
Carlos Zamarripa Aguirre
Procurador de justicia del estado de Guanajuato
Raquel Barajas Monjarás
Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato
Las y los ciudadanos, y organizaciones que firmamos esta carta, queremos expresarles nuestra más profunda indignación por la persecución y criminalización de las que son objeto las mujeres en el estado de Guanajuato.
El caso de las 30 mujeres que han sido privadas de su libertad y de las 6 sentenciadas por la interrupción de un embarazo; ha colocado a Guanajuato en la mira no sólo de quienes con asombro nos hemos enterado de las violaciones a las libertades y derechos fundamentales de esas mujeres, sino también de la observancia internacional.
En su actuar como autoridades involucradas en esta injusticia, los reprobamos enérgicamente, ya que hemos sido testigos de un proceso vergonzoso donde lo mismo se ha pasado de negar la existencia de expedientes de “convictas” por interrumpir un embarazo (STJE, Raquel Barajas Monjarás), hasta (a través de la SSP) obligar a las mujeres recluidas a firmar un documento para no ser entrevistadas por la prensa.
Es indignante el proceder del procurador, Carlos Zamarripa, negando que existan mujeres presas por abortar, sino mujeres condenadas por “homicidio en razón de parentesco”. Y finalmente, hemos leído el vergonzoso dictamen del gobernador, Juan Manuel Oliva, quien señaló que los casos se trataban de “infanticidios”.
Es insostenible para nosotras y nosotros que en pleno siglo XXI, exista un ensañamiento de esta índole en contra de mujeres que viven en condiciones de alta vulnerabilidad y marginación social, que además, tuvieron que sufrir la interrupción de su embarazo de manera involuntaria.
Por todo lo anterior, les hacemos un llamado enérgico para que:
El Sr. Gustavo Rodríguez Junquera, haga la recomendación correspondiente e investigue a fondo las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas las mujeres presas.
La Sra. Raquel Barajas Monjarás, revise e investigue las sentencias amañadas de sus jueces inquisidores.
El Sr. Juan Manuel Oliva Ramírez, haga todo lo que esté en sus manos para ordenar la inmediata liberación de las mujeres procesadas.
A las mujeres presas se les deje de llamar “infanticidas”, ya que sufrieron un aborto involuntario y no son responsables de “homicidios en razón de parentesco” como se les ha imputado.
Que a las mujeres encarceladas por procesos injustos, les sea reconocida su inocencia y sean liberadas inmediatamente.
¡¡¡ Decidir no es un delito, Decidir es un derecho!!!
Atentamente,
El Príncipe de Septimio-Bathzabbay El Tadmur
Gran Maestre de la Orden Bonaria.-
Algunas han sido incomunicadas y obligadas a firmar que "desean no dar entrevistas". Otras 166 están en proceso de investigación. Otras, las menos, han conseguido su libertad bajo fianza. Se trata en su mayoría de mujeres indígenas, sin acceso a la educación sexual.
El estado de Guanajuato, con esa actitud, demuestra su cerrazón y su deseo de opresión hacia las clases marginadas. La sociedad exige un cese a estos abusos. Vamos a proponer soluciones.
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Juan Manuel Oliva Ramírez
Gobernador del estado de Guanajuato,
Gustavo Rodríguez Junquera
Procurador de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato
Carlos Zamarripa Aguirre
Procurador de justicia del estado de Guanajuato
Raquel Barajas Monjarás
Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato
Las y los ciudadanos, y organizaciones que firmamos esta carta, queremos expresarles nuestra más profunda indignación por la persecución y criminalización de las que son objeto las mujeres en el estado de Guanajuato.
El caso de las 30 mujeres que han sido privadas de su libertad y de las 6 sentenciadas por la interrupción de un embarazo; ha colocado a Guanajuato en la mira no sólo de quienes con asombro nos hemos enterado de las violaciones a las libertades y derechos fundamentales de esas mujeres, sino también de la observancia internacional.
En su actuar como autoridades involucradas en esta injusticia, los reprobamos enérgicamente, ya que hemos sido testigos de un proceso vergonzoso donde lo mismo se ha pasado de negar la existencia de expedientes de “convictas” por interrumpir un embarazo (STJE, Raquel Barajas Monjarás), hasta (a través de la SSP) obligar a las mujeres recluidas a firmar un documento para no ser entrevistadas por la prensa.
Es indignante el proceder del procurador, Carlos Zamarripa, negando que existan mujeres presas por abortar, sino mujeres condenadas por “homicidio en razón de parentesco”. Y finalmente, hemos leído el vergonzoso dictamen del gobernador, Juan Manuel Oliva, quien señaló que los casos se trataban de “infanticidios”.
Es insostenible para nosotras y nosotros que en pleno siglo XXI, exista un ensañamiento de esta índole en contra de mujeres que viven en condiciones de alta vulnerabilidad y marginación social, que además, tuvieron que sufrir la interrupción de su embarazo de manera involuntaria.
Por todo lo anterior, les hacemos un llamado enérgico para que:
El Sr. Gustavo Rodríguez Junquera, haga la recomendación correspondiente e investigue a fondo las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas las mujeres presas.
La Sra. Raquel Barajas Monjarás, revise e investigue las sentencias amañadas de sus jueces inquisidores.
El Sr. Juan Manuel Oliva Ramírez, haga todo lo que esté en sus manos para ordenar la inmediata liberación de las mujeres procesadas.
A las mujeres presas se les deje de llamar “infanticidas”, ya que sufrieron un aborto involuntario y no son responsables de “homicidios en razón de parentesco” como se les ha imputado.
Que a las mujeres encarceladas por procesos injustos, les sea reconocida su inocencia y sean liberadas inmediatamente.
¡¡¡ Decidir no es un delito, Decidir es un derecho!!!
Atentamente,
El Príncipe de Septimio-Bathzabbay El Tadmur
Gran Maestre de la Orden Bonaria.-
