Asimismo, que como parte de un programa para llevar en avión la ayuda no letal dirigida a la Contra, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había pagado los honorarios por esos servicios a algunos traficantes de drogas. Algunos de estos pagos se efectuaron “después de que algunos de estos traficantes habían sido enjuiciados por las agencias federales competentes por acusaciones relacionadas con drogas, y otros estaban bajo investigación por parte de esas mismas agencias”.
Pese a que las conclusiones de Kerry, significaban que por primera vez un informe del Congreso explícitamente acusaba a agencias federales de colaborar intencionalmente con traficantes de drogas, las principales organizaciones de prensa optaron por esconder las asombrosas revelaciones.
En vez de concederles espacio en primera plana, el New York Times, el Washington Post y Los Ángeles Times escribieron breves reseñas que colocaron en recónditos lugares de sus periódicos.
No fue sino hasta 1998 que se reivindicó a Kerry en el caso de la conexión entre las drogas y la Contra, cuando los inspectores generales de la CIA y del Departamento de Justicia revisaron sus expedientes a raíz de los alegatos publicados en el San José Mercury News de que el binomio Contra-cocaína había contribuido a la epidemia de crack que asolaba las hacinadas y empobrecidas comunidades urbanas en la década de 1980. (Irónicamente, los principales periódicos nacionales sólo decidieron publicar la historia sobre la relación Contra-cocaína en sus primeras páginas para criticar al Mercury News y a su reportero Gary Webb por excederse en sus afirmaciones).
El 4 de Octubre de 1996, el Washington Post publicó una historia en primera plana y en otras dos páginas internas, criticando al Mercury News. Pero al mismo tiempo que acusaba al Mercury News de exageración, el Post también señalaba que los traficantes de droga relacionados con la Contra habían introducido toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Post reportó que “hasta personeros de la CIA testificaron en el Congreso que sabían que esas operaciones encubiertas involucraban a traficantes de drogas.”
La CIA reconoce la verdad
En un editorial posterior publicado el 9 de octubre de 1996, se retomó la evaluación del periódico de que el Mercury News se había excedido, pero se añadió que “el hecho de que personas vinculadas a la CIA hubieran desempeñado aunque fuera un papel trivial en exponer a ciudadanos norteamericanos al crack, indicaría una inmoral contravención por parte de la CIA”.
Aunque los principales periódicos se regocijaron cuando el reportero Gary Webb se vio obligado a renunciar a su trabajo en el Mercury News, el gobierno continuó con las investigaciones internas incitadas por sus artículos. Cuando el 29 de enero de 1998, el inspector de la CIA, Frederick Hitz, publicó el primero de dos volúmenes de su investigación sobre la relación Contra-cocaína, al que en octubre de 1998 le siguió el informe del Departamento de Justicia y el segundo volumen de Hitz, se empezó a derrumbar una década de encubrimiento de la conexión Contra-cocaína por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Los informes del inspector general de la CIA y del Departamento de Justicia confirmaron que casi desde el inicio de la guerra de la Contra, la administración Reagan sabía que ese ejército, que contaba con el apoyo de la CIA, había sido infiltrado por los traficantes de cocaína, pero que la administración no había hecho nada para denunciar o detener a esos criminales. Los informes revelaron ejemplo tras ejemplo de pistas que no se siguieron, de testigos que se desestimaron y de investigaciones por parte de oficiales encargados de hacer cumplir la ley que se sabotearon. La evidencia señalaba que los traficantes vinculados a la Contra, incluían al cartel de Medellín, al gobierno panameño de Manuel Noriega, al ejército hondureño, a la banda de traficantes hondureño-mexicana de Ramón Matta Ballesteros, y a los cubanos anticastristas radicados en Miami.
Al revisar la evidencia que existía desde la década de 1980, Hitz, inspector general de la CIA, encontró que algunos traficantes de droga vinculados a la Contra trabajaban directamente para el personal del Consejo de seguridad Nacional de Reagan y para la CIA. En 1987, el cubano norteamericano veterano de Bahía Cochinos, Moisés Núñez, dijo a los Investigadores de la CIA que “era difícil contestar preguntas relacionadas con su participación en el tráfico de estupefacientes debido a las tareas específicas que él había desempeñado por mandato del Consejo de Seguridad”.
Fiers, jefe de la misión especial de la CIA, dijo que en ese entonces no se había dado seguimiento a la pista sobre el vínculo entre Núñez y el Consejo de Seguridad, “debido a la conexión con el Consejo de Seguridad y a la posibilidad de que esto estuviera de algún modo relacionado con el programa de benefactor privado (la recaudación de fondos por parte de Oliver North). Se tomó la decisión de no investigar este asunto”.
Al final, las investigaciones realizadas por los inspectores generales del gobierno corroboraron las revelaciones que hiciera Kerry en 1989, y vindicaron sus esfuerzos. Sin embargo, la silenciada conclusión de la controversia Contra-cocaína doce años después de que Kerry iniciara sus investigaciones explican por qué este capítulo es un episodio ignorado —aunque importante— en la carrera de Kerry en el Senado. En un clásico ejemplo de por qué en Washington no hay mucho honor en tener la razón con demasiada anticipación. Y también es un relato sobre un senador que tuvo la integridad para hacer lo correcto.
Hoy la Orden Bonaria, recupera estas información en la denominada “Política de Cocaína”, en el INFORME VINICIUS POR CRIMENES DE GUERRA, que presentará ante diferentes autoridades y la Corte Penal Internacional.
El Coronel Juan Evangelista López Grijalba
En 1978, el Coronel Juan Evangelista López Grijalba (también escrito Grijalva) fue nombrado director del Directorado Nacional de Investigaciones (DNI). En 1982, López Grijalba tuvo mando y control sobre las operaciones del DNI en Tegucigalpa, la capital de Honduras. También supervisó las operaciones del Ejército de Liberación Anti-Comunista de Honduras (ELACH) y el Batallón 316.
En 1982, López Grijalba se convirtió en el director de inteligencia militar (G-2) del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Como director de G-2, López Grijalba supervisó las operaciones de todas las fuerzas de seguridad, incluidos el DNI y el Batallón 316. El Batallón 316 operaba bajo el comando directo de G-2 tanto en su capacidad “oficial” como clandestina.
Al menos un testigo identificó a Grijalba estando entre los hombres armados que llevaron a cabo el asalto el 8 julio, 1982 en el barrio de Florencia Sur en la cual Gloria y Oscar Reyes y Hans Madisson fueron secuestrados.
De acuerdo con el testimonio de Juan Vásquez, del Centro Cristiano de Desarrollo, cuyo cuartel general está en la misma barriada, Grijalba observó el asalto desde un jeep militar aparcado, y en un momento dado salió del vehiculo y habló con un número de hombres enmascarados en la calle: parecía estar dando órdenes.
En 1996, un juez hondureño dictó una orden de arresto contra Grijalba por el asesinato de dos supuestos disidentes in 1982. A pesar de la orden de arresto, Grijalba recibió Estado Temporal de Protección, una categoría especial de inmigración normalmente reservada para refugiados por desastres naturales. El gobierno de Estados Unidos emitió muchas designaciones de TPS para inmigrantes hondureños tras el huracán Mitch en 1999.
Grijalba esperaba disfrutar de un retiro pacifico en el área de Miami, hasta que llego a la atención de un antiguo oficial del Departamento de Estado llamado Richard Krieger. Krieger un reconocido cazador de Nazis y especialista en política de refugiados en los Estados Unidos quien ejerció presión para que criminales de guerra y otros abusos a los derechos humanos sean deportados y no encuentren un lugar seguro en Estados Unidos. Con la ayuda de activistas de derechos humanos y la comunidad hondureña en Florida, Krieger presentó al Servicio de Inmigración y Naturalización un dossier sobre Grijalba.
Los agentes de Inmigración y Aduanas arrestaron a López Grijalba en abril 2002, después que el Departamento de Seguridad Interior retirara el estado de protección temporal por su papel como perseguidor en Honduras. CJA facilitó el proceso migratorio contra Grijalba ofreciendo evidencia y preparando testigos. El 11 junio, 2004 López Grijalba fue deportado a Honduras donde se enfrenta a cargos criminales.
Pero muchos de estos criminales, siguen libres y trabajando para los servicios secretos, es el momento de desenmascararlos. La Orden Bonaria, está trabajando con la CJA, The Center of Justice, en el Informe Vinicius.
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Batallón 316
De finales de 1970 hasta 1984, una unidad militar de inteligencia hondureña llamada Batallón 316 llevo a cabo una serie de desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura contra individuos sospechosos de ser subversivos políticos: más de 150 personas fueron asesinadas o desaparecieron.
El individuo que ejerció mando principal y control sobre este escuadrón de la muerte fue Juan Evangelista López Grijalva, jefe del Directorado Nacional de Investigación (DNI) y más tarde jefe de inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
