Tuesday, February 23, 2010

SECUESTRO, DERECHOS CONSTITUCIONALES VETADOS.-

Todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y jueces están obligados ética y deontológicamente a cumplir la Ley y los derechos constitucionales de todo ciudadano.

– El Art.14 de la Constitución española dice: “Derecho de igualdad ante la ley sin que exista discriminación”.

– ¿Cómo pueden los culpables, D, Enrique Martín Sanz, y D.Antonio Martínez “el melonero”, estar libres, siendo los dueños de Swiss Financial y Trampolín Resort, empresas acusadas, y el Príncipe de Tadmur estar en prisión?

¿Dónde está el derecho de igualdad?

¿No es esto DISCTIMINACIÓN?

-El Art.18 de la Constitución española dice, entre otros: “Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (...)”.

-¿Cómo se puede permitir, que la prensa, publique con nombres y apellidos, señalando como CULPABLE a D. Jose M. Mosquera, con fotografías de su esposa y de él mismo? ¿Dónde se encuentran los derechos aquí señalados?

-El Art.24 de la Constitución española dice, entre otros: “Derecho a la tutela judicial efectiva (…), a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones debidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba para su defensa (…) y a la presunción de inocencia.

-Empezamos con la presunción de inocencia, si hasta que se demuestre la culpabilidad se es inocente, ¿estamos realmente ante un secuestro?

-Si existe una tutela judicial, ¿cómo permite esta, que se acuse en juicio mediático a un ciudadano español, no tomando NINGUNA MEDIDA TUTELAR los poderes públicos?

-¿A ser informado de la acusación? No existe hasta la fecha ACUSACIÓN EN FORMA.

-Un proceso con todas las garantías (…), medios de prueba para su defensa. Los abogados NO TIENEN ACCESO AL SUMARIO, ¿Qué medio de prueba pueden utilizar? ¿Qué garantía puede dar un proceso que permite culpar a un ser humano, antes de ser juzgado, saltándose sus derechos constitucionales?

Nos reafirmamos en el secuestro político, e ideológico. El Gobierno de España no garantiza en este caso, ninguno de los derechos amparados por la Constitución española.


Departamento Jurídico Orden Bonaria.
D.J.O.B.
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