Algunos Gobiernos del mundo están implementando planes para vigilar la mayor superficie de ciudades, utilizando una red de cámaras de vigilancia policial.
El impacto social, político y cultural que significa la instalación de cámaras de vigilancia en toda una ciudad, al ser un hecho tan reciente sólo han sido advertidos en su lado negativo por la literatura, y carecen de estudios difundidos popularmente sobre sus efectos. Legalmente no está tratado en la declaración de Derechos Humanos, ni en la Constitución de la mayoría de los Estados. Por ende los ciudadanos nos vemos virtualmente desamparados en el actual Estado de derecho de defendernos contra la injerencia que esto representa en los derechos civiles de la libertad de pensamiento, expresión y privacidad.
En principio este sistema de control con cámaras está presentado como una herramienta para combatir el delito, y servir de apoyo para la investigación y pruebas judiciales, rol policial que ya cumple donde se implementa y se promociona a toda voz, aunque su efectividad contra el delito puede ser fácilmente cuestionada, ya que no hay pruebas fehacientes de que su balance sea significativamente positivo.
Pero lo que la mayoría de la sociedad muy probablemente ignore o subestime, es que está nueva herramienta cumple funciones "secundarias" que no son advertidas por los Gobiernos, y que son propagandizadas para que se naturalicen sólo bajo el manto de la protección y la seguridad. Ni tampoco se avisa de la posibilidad de vulnerar el uso de las mismas, es decir de las cámaras ser observadas por terceros, pudiendo no ser pertenecientes al Estado, y si a Partidos, servicios de inteligencia y/o naciones extranjeras (Ya que es posible su acceso remoto vía Internet o su interferencia en otras redes informáticas)
El potencial uso como aparato de inteligencia y represivo y persuasivo de la libertad de reunión, expresión, protesta, y hasta el supremo derecho de rebelión y autodeterminación de los pueblos, lo convierten así en un arma de doble filo, más bien de una Dictadura que de una Democracia. En su lado "sano" contra el delito, y en su lado perverso y oculto, como uso represivo, que puede darle cualquier Gobierno, y que afecta la libertad civil, la privacidad, y la libertad de oposición política en el marco de toda sociedad democrática.
De está forma estamos ante la modernización de metodologías represivas y de vigilancia que puede utilizarse como un sistema tan agudo como el ojo de un halcón. La auto-represión interna: el sólo hecho de la presencia de las cámaras en el espacio público conlleva un efecto psicológico a los individuos de observación constante por parte de un actor social como es el Estado, y el Gobierno, los cuales no son inmunes a obrar de forma antidemocrática.
Intimidación que en parte funcionaría justamente contra elementos delictivos, y de cualquier tendencia política racista. Pero que también afecta el derecho de los seres humanos a su innata libertad, la cuál es la circulación y reunión, libres de todo control constante. Cumpliendo este sistema así una tarea ideológica y de inteligencia del Estado y Gobierno de turno, que va limitando la frontera de los derechos de los individuos a la privacidad y la vida civil, como su derecho a organización política.
Una sociedad orwelliana
La observación constante de los ciudadanos, genera una presión psicológica, que cambia su comportamiento y así limita y afecta a los derechos del mismo. El espacio público sufre así una transfiguración a otro tipo de espacio, un espacio público restringido, en el cual, aparece el ojo del Estado en forma omnipresente, condicionando así el accionar y el libre actuar de los ciudadanos en el mismo. En otras palabras el Gobierno, bajo el control permanente de las cámaras, se apropia totalmente del espacio público.
Constituyendo así al control de las cámaras en el terreno político, como un elemento represivo psicológico y luego potencialmente policial. Primeramente su implementación afectará el derecho de las minorías que se encuentren en cualquier oposición al Gobierno de turno, a que puedan ejercer su derecho de libre expresión y oposición política, tanto sea de protesta, reunión pacifica, expresión o formas de culto y vestimenta. Cercando así a las minorías a un anonimato forzado, para mantener su libertad e integridades y evadir la persecución política.
El impacto social, político y cultural que significa la instalación de cámaras de vigilancia en toda una ciudad, al ser un hecho tan reciente sólo han sido advertidos en su lado negativo por la literatura, y carecen de estudios difundidos popularmente sobre sus efectos. Legalmente no está tratado en la declaración de Derechos Humanos, ni en la Constitución de la mayoría de los Estados. Por ende los ciudadanos nos vemos virtualmente desamparados en el actual Estado de derecho de defendernos contra la injerencia que esto representa en los derechos civiles de la libertad de pensamiento, expresión y privacidad.
En principio este sistema de control con cámaras está presentado como una herramienta para combatir el delito, y servir de apoyo para la investigación y pruebas judiciales, rol policial que ya cumple donde se implementa y se promociona a toda voz, aunque su efectividad contra el delito puede ser fácilmente cuestionada, ya que no hay pruebas fehacientes de que su balance sea significativamente positivo.
Pero lo que la mayoría de la sociedad muy probablemente ignore o subestime, es que está nueva herramienta cumple funciones "secundarias" que no son advertidas por los Gobiernos, y que son propagandizadas para que se naturalicen sólo bajo el manto de la protección y la seguridad. Ni tampoco se avisa de la posibilidad de vulnerar el uso de las mismas, es decir de las cámaras ser observadas por terceros, pudiendo no ser pertenecientes al Estado, y si a Partidos, servicios de inteligencia y/o naciones extranjeras (Ya que es posible su acceso remoto vía Internet o su interferencia en otras redes informáticas)
El potencial uso como aparato de inteligencia y represivo y persuasivo de la libertad de reunión, expresión, protesta, y hasta el supremo derecho de rebelión y autodeterminación de los pueblos, lo convierten así en un arma de doble filo, más bien de una Dictadura que de una Democracia. En su lado "sano" contra el delito, y en su lado perverso y oculto, como uso represivo, que puede darle cualquier Gobierno, y que afecta la libertad civil, la privacidad, y la libertad de oposición política en el marco de toda sociedad democrática.
De está forma estamos ante la modernización de metodologías represivas y de vigilancia que puede utilizarse como un sistema tan agudo como el ojo de un halcón. La auto-represión interna: el sólo hecho de la presencia de las cámaras en el espacio público conlleva un efecto psicológico a los individuos de observación constante por parte de un actor social como es el Estado, y el Gobierno, los cuales no son inmunes a obrar de forma antidemocrática.
Intimidación que en parte funcionaría justamente contra elementos delictivos, y de cualquier tendencia política racista. Pero que también afecta el derecho de los seres humanos a su innata libertad, la cuál es la circulación y reunión, libres de todo control constante. Cumpliendo este sistema así una tarea ideológica y de inteligencia del Estado y Gobierno de turno, que va limitando la frontera de los derechos de los individuos a la privacidad y la vida civil, como su derecho a organización política.
Una sociedad orwelliana
La observación constante de los ciudadanos, genera una presión psicológica, que cambia su comportamiento y así limita y afecta a los derechos del mismo. El espacio público sufre así una transfiguración a otro tipo de espacio, un espacio público restringido, en el cual, aparece el ojo del Estado en forma omnipresente, condicionando así el accionar y el libre actuar de los ciudadanos en el mismo. En otras palabras el Gobierno, bajo el control permanente de las cámaras, se apropia totalmente del espacio público.
Constituyendo así al control de las cámaras en el terreno político, como un elemento represivo psicológico y luego potencialmente policial. Primeramente su implementación afectará el derecho de las minorías que se encuentren en cualquier oposición al Gobierno de turno, a que puedan ejercer su derecho de libre expresión y oposición política, tanto sea de protesta, reunión pacifica, expresión o formas de culto y vestimenta. Cercando así a las minorías a un anonimato forzado, para mantener su libertad e integridades y evadir la persecución política.
