PRECISIONES RESPECTO A RECIENTES DECLARACIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO
El día de ayer fueron publicadas en un medio de comunicación local declaraciones del gobernador del estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca en el siguiente sentido:
“–Pero en este caso Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia [A Raúl Hernández Abundio] – se le recordó.
–Amnistía merece mis respetos pero aquí es la ley donde hay quien lo señale y mientras haya una ley… aquí no tengo interés de tener a nadie en la cárcel pero se confunde, se confunde la defensa de los derechos humanos con la legalidad si hay señalamientos, si hay acciones para tenerlo bajo un proceso legal pues que siga, no es a gusto del gobernador porque lo presione un grupo.”
Al respecto, Amnistía Internacional México desea hacer las siguientes precisiones:
§ Amnistía Internacional únicamente asume casos de presos o presas de conciencia sobre la base de un minucioso análisis del caso, que le permite concluir no solamente la inocencia de la persona procesada, sino la insostenibilidad de las pruebas que pretenden demostrar el ejercicio o promoción de la violencia de su parte e, incluso, la forma en que el sistema de procuración e impartición de justicia es utilizado en ocasiones para perseguir a líderes, activistas sociales, individuos en razón de su origen étnico, sexo, condición social y a defensores y defensoras de los derechos humanos. El caso de Guerrero es preocupante en este sentido.
§ La mera aplicación formal de la ley, puede ignorar los principios fundamentales del acceso a un juicio justo para cualquier persona procesada. Este ha sido el caso de Raúl Hernández Abundio quien, habiendo sido declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, se ha convertido ya en un emblema de las deficiencias de un sistema de procuración de justicia que insiste injustificadamente en sostener cargo fabricados en su contra. La defensa legal de Hernández Abundio ha demostrado la inconsistencia de los elementos probatorios presentados en su contra; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha desistido de la acusación que ha obligado a Raúl a permanecer justamente por más de dos años en el reclusorio de Ayutla de los Libres.
§ Es hora de que las altas autoridades del estado de Guerrero asuman la responsabilidad de tomar medidas efectivas para garantizar que el sistema de procuración de justicia no es utilizado como un instrumento para perseguir a quienes defienden los derechos humanos en la entidad. La presentación de conclusiones no acusatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a favor de Raúl Hernández Abundio es un primer paso necesario en esa dirección.
§ Amnistía Internacional seguirá haciendo un llamado a las autoridades de Guerrero, a través de sus miembros y simpatizantes en todo el mundo y en México, a favor de la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio, la protección del trabajo de las y los defensores de derechos humanos y el fortalecimiento del sistema de procuración e impartición de justicia que garantice que casos como el de Hernández Abundio no se repetirán en el futuro.
Información adicional:
El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El ejército arrestó a los cinco integrantes de la OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalando habitualmente en la zona. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna se ha ejecutado.
El juez federal denegó el amparo a Raúl Hernández alegando que dos testigos habían declarado que estaba presente en el momento del crimen. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato. El reciente cierre del proceso de instrucción presenta una oportunidad para que la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero ponga fin a esta injusticia y reconozca la inocencia de un preso de conciencia.
El día de ayer fueron publicadas en un medio de comunicación local declaraciones del gobernador del estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca en el siguiente sentido:
“–Pero en este caso Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia [A Raúl Hernández Abundio] – se le recordó.
–Amnistía merece mis respetos pero aquí es la ley donde hay quien lo señale y mientras haya una ley… aquí no tengo interés de tener a nadie en la cárcel pero se confunde, se confunde la defensa de los derechos humanos con la legalidad si hay señalamientos, si hay acciones para tenerlo bajo un proceso legal pues que siga, no es a gusto del gobernador porque lo presione un grupo.”
Al respecto, Amnistía Internacional México desea hacer las siguientes precisiones:
§ Amnistía Internacional únicamente asume casos de presos o presas de conciencia sobre la base de un minucioso análisis del caso, que le permite concluir no solamente la inocencia de la persona procesada, sino la insostenibilidad de las pruebas que pretenden demostrar el ejercicio o promoción de la violencia de su parte e, incluso, la forma en que el sistema de procuración e impartición de justicia es utilizado en ocasiones para perseguir a líderes, activistas sociales, individuos en razón de su origen étnico, sexo, condición social y a defensores y defensoras de los derechos humanos. El caso de Guerrero es preocupante en este sentido.
§ La mera aplicación formal de la ley, puede ignorar los principios fundamentales del acceso a un juicio justo para cualquier persona procesada. Este ha sido el caso de Raúl Hernández Abundio quien, habiendo sido declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, se ha convertido ya en un emblema de las deficiencias de un sistema de procuración de justicia que insiste injustificadamente en sostener cargo fabricados en su contra. La defensa legal de Hernández Abundio ha demostrado la inconsistencia de los elementos probatorios presentados en su contra; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha desistido de la acusación que ha obligado a Raúl a permanecer justamente por más de dos años en el reclusorio de Ayutla de los Libres.
§ Es hora de que las altas autoridades del estado de Guerrero asuman la responsabilidad de tomar medidas efectivas para garantizar que el sistema de procuración de justicia no es utilizado como un instrumento para perseguir a quienes defienden los derechos humanos en la entidad. La presentación de conclusiones no acusatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a favor de Raúl Hernández Abundio es un primer paso necesario en esa dirección.
§ Amnistía Internacional seguirá haciendo un llamado a las autoridades de Guerrero, a través de sus miembros y simpatizantes en todo el mundo y en México, a favor de la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio, la protección del trabajo de las y los defensores de derechos humanos y el fortalecimiento del sistema de procuración e impartición de justicia que garantice que casos como el de Hernández Abundio no se repetirán en el futuro.
Información adicional:
El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El ejército arrestó a los cinco integrantes de la OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalando habitualmente en la zona. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna se ha ejecutado.
El juez federal denegó el amparo a Raúl Hernández alegando que dos testigos habían declarado que estaba presente en el momento del crimen. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato. El reciente cierre del proceso de instrucción presenta una oportunidad para que la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero ponga fin a esta injusticia y reconozca la inocencia de un preso de conciencia.
