El 30 de junio quedó en libertad bajo fianza un sacerdote y defensor de los derechos humanos mexicano que había sido puesto en “arraigo” (detención preventiva) el 19 de junio. Está acusado, junto con otros nueve hombres, del homicidio de dos autoridades locales en el municipio de San José del Progreso, estado de Oaxaca. Ocho de ellos también han sido puestos en libertad bajo fianza. Uno ha sido acusado formalmente.
El padre Martín Octavio García Ortiz, que había sido puesto en “arraigo” el 19 de junio, quedó en libertad bajo fianza el 30 de junio. No sufrió malos tratos mientras estuvo bajo custodia. Antes de ser detenido, miembros de la comunidad de San José del Progreso lo secuestraron y le propinaron una paliza, pero ya se ha recuperado de las heridas sufridas. La Procuraduría General de Justicia del Estado lo sigue tratando como sospechoso del homicidio del jefe del gobierno municipal de San José del Progreso y de otro hombre con un cargo de autoridad, a pesar de la existencia de pruebas claras de que no estuvo implicado en los hechos. Amnistía Internacional seguirá de cerca este caso, para asegurar que no se presentan cargos falsos en su contra y que la investigación no se emplea simplemente para acallar las críticas legítimas a las operaciones mineras en el municipio, que han dividido a la comunidad.
Otros nueve hombres (inicialmente se creía que eran 10) fueron detenidos y puestos en “arraigo” el 19 de junio. A uno de ellos se lo ha acusado del asesinato de las dos autoridades del municipio de San José del Progreso. Esta detenido y tiene acceso a un abogado. Los otros ocho hombres han quedado en libertad bajo fianza en espera de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. Según informes, ninguno de ellos sufrió malos tratos mientras se encontraba en “arraigo”.
El Centro Regional de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Oaxaca (Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”) ha recibido más de 100 mensajes de correo electrónico expresando solidaridad, tras la publicación de una Acción Urgente sobre esta situación por parte de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional seguirá de cerca este caso para asegurar que las autoridades cumplen con su obligación de llevar a cabo una investigación efectiva e imparcial del homicidio de las dos autoridades locales, así como para garantizar que todos los presuntos culpables reciben un juicio justo y no son procesados simplemente por su trabajo de derechos humanos o por sus protestas legítimas.
El padre Martín Octavio García Ortiz, que había sido puesto en “arraigo” el 19 de junio, quedó en libertad bajo fianza el 30 de junio. No sufrió malos tratos mientras estuvo bajo custodia. Antes de ser detenido, miembros de la comunidad de San José del Progreso lo secuestraron y le propinaron una paliza, pero ya se ha recuperado de las heridas sufridas. La Procuraduría General de Justicia del Estado lo sigue tratando como sospechoso del homicidio del jefe del gobierno municipal de San José del Progreso y de otro hombre con un cargo de autoridad, a pesar de la existencia de pruebas claras de que no estuvo implicado en los hechos. Amnistía Internacional seguirá de cerca este caso, para asegurar que no se presentan cargos falsos en su contra y que la investigación no se emplea simplemente para acallar las críticas legítimas a las operaciones mineras en el municipio, que han dividido a la comunidad.
Otros nueve hombres (inicialmente se creía que eran 10) fueron detenidos y puestos en “arraigo” el 19 de junio. A uno de ellos se lo ha acusado del asesinato de las dos autoridades del municipio de San José del Progreso. Esta detenido y tiene acceso a un abogado. Los otros ocho hombres han quedado en libertad bajo fianza en espera de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. Según informes, ninguno de ellos sufrió malos tratos mientras se encontraba en “arraigo”.
El Centro Regional de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Oaxaca (Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”) ha recibido más de 100 mensajes de correo electrónico expresando solidaridad, tras la publicación de una Acción Urgente sobre esta situación por parte de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional seguirá de cerca este caso para asegurar que las autoridades cumplen con su obligación de llevar a cabo una investigación efectiva e imparcial del homicidio de las dos autoridades locales, así como para garantizar que todos los presuntos culpables reciben un juicio justo y no son procesados simplemente por su trabajo de derechos humanos o por sus protestas legítimas.
