La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 4: “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
Sin embargo, y aunque ha sido abolida de manera oficial por los estados y gobiernos, en el mundo actual permanecen en régimen de esclavitud más de 27 millones de personas, una gran parte de ellas niños y mujeres, pertenecientes a los grupos sociales más vulnerables.
Existen esclavos en todos los continentes, pero África y Asia son los más afectados. Formas de servidumbres como la esclavitud por deuda, el tráfico humano, la esclavitud doméstica, la explotación sexual, la prostitución forzosa, el trabajo infantil, la venta de niños, los matrimonios forzosos o ventas de mujeres y la permanencia de ciertas modalidades de mendicidad figuran entre las maneras bajo las que se configura hoy día este imperdonable crimen de lesa humanidad.
Desde la década del setenta la prohibición de la esclavitud es considerada una obligación en Derecho Internacional y existen múltiples declaraciones de organismos internacionales que condenan su existencia. No obstante, ello no ha podido frenar un proceso que parte de la desigualdad e injusticia del sistema vigente en el mundo, de los conceptos con que se articula el poder y de la tolerancia con que se acoge el fenómeno.
Si en los tiempos antiguos la manera de establecer la propiedad de un ser humano por otro se realizaba a través de la compraventa en mercados públicos, ahora el ejercicio de la propiedad se realiza a través del control sobre las víctimas utilizando la amenaza, la violencia u otro tipo de coacciones tanto físicas como morales. Los propietarios disponen de manera absoluta de una persona sin que medie un documento de propiedad.
Debemos tener conciencia, y luchar contra estas aberraciones en pleno siglo XXI, a través de informar y dar conocimiento de lo que sucede en este sentido en los diferentes países en los que estamos trabajando.
Sin embargo, y aunque ha sido abolida de manera oficial por los estados y gobiernos, en el mundo actual permanecen en régimen de esclavitud más de 27 millones de personas, una gran parte de ellas niños y mujeres, pertenecientes a los grupos sociales más vulnerables.
Existen esclavos en todos los continentes, pero África y Asia son los más afectados. Formas de servidumbres como la esclavitud por deuda, el tráfico humano, la esclavitud doméstica, la explotación sexual, la prostitución forzosa, el trabajo infantil, la venta de niños, los matrimonios forzosos o ventas de mujeres y la permanencia de ciertas modalidades de mendicidad figuran entre las maneras bajo las que se configura hoy día este imperdonable crimen de lesa humanidad.
Desde la década del setenta la prohibición de la esclavitud es considerada una obligación en Derecho Internacional y existen múltiples declaraciones de organismos internacionales que condenan su existencia. No obstante, ello no ha podido frenar un proceso que parte de la desigualdad e injusticia del sistema vigente en el mundo, de los conceptos con que se articula el poder y de la tolerancia con que se acoge el fenómeno.
Si en los tiempos antiguos la manera de establecer la propiedad de un ser humano por otro se realizaba a través de la compraventa en mercados públicos, ahora el ejercicio de la propiedad se realiza a través del control sobre las víctimas utilizando la amenaza, la violencia u otro tipo de coacciones tanto físicas como morales. Los propietarios disponen de manera absoluta de una persona sin que medie un documento de propiedad.
Debemos tener conciencia, y luchar contra estas aberraciones en pleno siglo XXI, a través de informar y dar conocimiento de lo que sucede en este sentido en los diferentes países en los que estamos trabajando.
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