Se llama Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (SITEL). Pero de legal no tiene nada.
Al menos para la Asociación de Internautas que ha pedido al Defensor del Pueblo que actúe contra este sistema de espionaje creado por Aznar en 2001, tras haber acudido denunciado el caso anteriormente ante la Comisión Europea.
Víctor Domingo, presidente de la asociación, explica así a PERIODISTA DIGITAL el problema:
“Estamos muy preocupados. Llevamos desde el año 2005 con esta lucha y ahora nos encontramos en una situación en la que se rompe el derecho constitucional, la garantía de la privacidad de las comunicaciones. Debería supervisarlo un juez, lo cual ahora no está nada claro y tendría que regularlo una Ley orgánica, lo cual están intentando evitar”.
En en escrito presentado ante el Defensor, la Asociación argumenta:
España ha sido condenada ya en dos ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Valenzuela Contreras -S. de 30 de julio de 1998- y caso Prado Burgallo -S. 15 de febrero de 2003-), por no ajustar sus previsiones legales a las exigencias mínimas de una sociedad democrática en materia de secreto de las comunicaciones, y en esta ocasión, la Asociación de Internautas quiere resaltar y poner en conocimiento de la opinión publica, el secretismo que ha presidido todo lo relativo a SITEL, así como la oscuridad e ínfimo rango normativo de las disposiciones que lo regulan, contraviniendo lo que ya dijera el TEDH en la primera de las sentencias citadas, según la cual el derecho interno debe usar términos lo suficientemente claros y diáfanos para que cualquier persona pueda entender en qué circunstancias, y bajo que condiciones, los poderes públicos pueden adoptar tales medidas, cosa que hoy por hoy no ocurre con la normativa reguladora de SITEL.
El gobierno Aznar encargó en 2001 a Ericsson el desarrollo de SITEL como arma de espionaje. Pero fue la administración Zapatero quién la activó (las escuchas telefónicas dependen de Alfredo Rubalcaba, ministro del Interior, bajo cuyo mando se encuentran la Policía Nacional y la Guardia Civil).
Y lo hizo ocultándoselo a la opinión pública.
La única referencia legal que hemos podido encontrar está en el BOE. Se trata de una resolución de 25 de octubre de 2007 bajo el ininteligible título de --tome aire ante de empezar a leerlo--: Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace público el anuncio de adjudicación del contrato para la ejecución del servicio de mantenimiento plurianual del entorno de alta disponibilidad y plataforma de almacenamiento/archivado/back up del Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (SITEL), del Cuerpo Nacional de Policía, ubicado en el Complejo Policial de Canillas.
Al menos para la Asociación de Internautas que ha pedido al Defensor del Pueblo que actúe contra este sistema de espionaje creado por Aznar en 2001, tras haber acudido denunciado el caso anteriormente ante la Comisión Europea.
Víctor Domingo, presidente de la asociación, explica así a PERIODISTA DIGITAL el problema:
“Estamos muy preocupados. Llevamos desde el año 2005 con esta lucha y ahora nos encontramos en una situación en la que se rompe el derecho constitucional, la garantía de la privacidad de las comunicaciones. Debería supervisarlo un juez, lo cual ahora no está nada claro y tendría que regularlo una Ley orgánica, lo cual están intentando evitar”.
En en escrito presentado ante el Defensor, la Asociación argumenta:
España ha sido condenada ya en dos ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Valenzuela Contreras -S. de 30 de julio de 1998- y caso Prado Burgallo -S. 15 de febrero de 2003-), por no ajustar sus previsiones legales a las exigencias mínimas de una sociedad democrática en materia de secreto de las comunicaciones, y en esta ocasión, la Asociación de Internautas quiere resaltar y poner en conocimiento de la opinión publica, el secretismo que ha presidido todo lo relativo a SITEL, así como la oscuridad e ínfimo rango normativo de las disposiciones que lo regulan, contraviniendo lo que ya dijera el TEDH en la primera de las sentencias citadas, según la cual el derecho interno debe usar términos lo suficientemente claros y diáfanos para que cualquier persona pueda entender en qué circunstancias, y bajo que condiciones, los poderes públicos pueden adoptar tales medidas, cosa que hoy por hoy no ocurre con la normativa reguladora de SITEL.
El gobierno Aznar encargó en 2001 a Ericsson el desarrollo de SITEL como arma de espionaje. Pero fue la administración Zapatero quién la activó (las escuchas telefónicas dependen de Alfredo Rubalcaba, ministro del Interior, bajo cuyo mando se encuentran la Policía Nacional y la Guardia Civil).
Y lo hizo ocultándoselo a la opinión pública.
La única referencia legal que hemos podido encontrar está en el BOE. Se trata de una resolución de 25 de octubre de 2007 bajo el ininteligible título de --tome aire ante de empezar a leerlo--: Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace público el anuncio de adjudicación del contrato para la ejecución del servicio de mantenimiento plurianual del entorno de alta disponibilidad y plataforma de almacenamiento/archivado/back up del Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (SITEL), del Cuerpo Nacional de Policía, ubicado en el Complejo Policial de Canillas.
